La sentencia que ha alarmado a la clase médica balear

Los médicos de familia B. B. y J. F. coinciden a diario en el Centro de Salud de Artà. Con una particularidad. El primero acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Palma a tres años y tres meses de prisión -"se va para dentro", afirman asombrados los letrados con experiencia en casos de negligencia-, además de nueve años de inhabilitación absoluta, a resultas de una denuncia del segundo. Este afirma que "en el trabajo diario cumplimos los objetivos, los pacientes no lo perciben". Sin embargo, la onda expansiva de la sentencia se ha propagado ya a la clase médica balear. El fallo modificará la relación de la profesión sanitaria con su ordenador, puesto que se debe al acceso a los datos informáticos de la víctima, en violación de la Ley de Protección de Datos.

Importantes administrativistas estatales ya se han hecho con una copia de la resolución judicial. Según afirma Juan José Talens, abogado especializado en estas cuestiones, "es una sentencia pionera en toda España, porque da el paso de las sanciones administrativas a las penales. Los catedráticos de Derecho están muy interesados, y la sorpresa generada demuestra el contraste entre conciencia social y tipo penal".

B.B. y J.F. eran "amigos" según el primero de ellos, hoy condenado. "Aporté como prueba en el juicio una foto en mi casa, en la primera comunión de una de mis hijas", argumenta. Para el segundo y denunciante, "teníamos una relación laboral normal, yo no hablaría de amistad". B.B., en su día militante del PSM y concejal, desempeña desde hace 26 años sus funciones en Artà, trece de ellos como coordinador del Centro de Salud. Ocupaba ese cargo cuando J. F. obtuvo una plaza. "Lo recibí como a un amigo y contento de que viniera", recuerda el acusado. "Intentó que me fuera durante mucho tiempo y me acosó, hasta que metió la pata", insiste el segundo. El médico condenado rememora que "agobiado por los problemas que causaba J. F. en el centro, en una situación de confusión y sin que la gerencia del Ibsalut me aportara una salida, se me ocurrió mirar en el programa de consulta clínica quién era su médico de cabecera". Lo hizo por dos veces. Tanto durante el juicio como el pasado jueves en conversación con este diario, insistió en que sabía por su relación que su "amigo" había padecido problemas psicológicos. J. F. entró posteriormente en su propia historia informatizada, y "casualmente detecté que alguien había accedido a mi historial, es irrefutable". Sobre las razones de la consulta, el denunciante contradice la versión de su entonces superior. " El dice que tenía derecho, y que era por mis problemas. Mi visión es diferente. Hice una reclamación administrativa en la gerencia, pero intentaron que no trascendiera porque se dieron cuenta de la repercusión que tendría. Si yo daba marcha atrás, abría las puertas a que esto ocurriera con otra persona". Al acusado B. B. le corresponde la última palabra. "Me arrojé de cabeza al ordenador y nunca lo he negado, porque no tenía conciencia de hacer algo malo. El médico de cabecera no es un dato protegido, figura en la tarjeta sanitaria de todos los ciudadanos".

B. B. recurrirá la sentencia ante el Supremo a través de su abogado, Juan Luis Matas. Curiosamente, y aunque el contenido ha causado estupefacción, nadie discute al juzgador. El redactor del texto es Carlos Izquierdo, magistrado de pedigrí incontestable y en quien el "reconocido prestigio" no es un formulismo vacuo. Además, el propio tribunal se considera desbordado por la "rigidez legal" de la pena a imponer. Desde el mismo fallo eleva una petición de indulto de la mayor parte de la condena, "por entender que existe una evidente desproporción entre la pena impuesta y la gravedad de los hechos" . En palabras de un médico, "me gustaría saber qué crímenes debería cometer en el ejercicio de mi profesión, para recibir un castigo de esa magnitud". Javier Clastre tiene la respuesta. Este abogado ha defendido a más de siete mil profesionales sanitarios en toda España, y conoce "un solo asunto de un médico que haya ingresado en prisión por un caso de negligencia, y en su caso se daba la reincidencia múltiple y una enferma en coma". Nadal Vidal también tiene la respuesta. Es el letrado del denunciante, y limita su balance de la sentencia a un escueto "es la ley, hay un principio de legalidad que se ha de cumplir". J. F. se muestra más explícito. "Antes de iniciar el proceso, mi abogado me avisó de que si alguien te arranca un brazo, le caerán seis meses, y que esto era mucho más grave". Clastre matiza que, al margen de las comparaciones, "hay una intromisión ilegítima en los datos personales. Otra cosa es que la posibilidad de acceso mediante el ordenador facilite el abuso, y que me parezca encomiable que el tribunal solicite el indulto".

El factor humano combate con el informático. B. B. se refugia en un excelente sentido del humor. Su mensaje en el móvil reza "soy el médico condenado". Se muestra enigmático al manifestar que "he cometido el delito del confesor". Sabía lo que no debía saber, "y no he hecho ningún uso de ese dato". Curiosamente, es el denunciante y víctima y vencedor quien se muestra abrumado por el desenlace. "No calculaba una sentencia de este calibre, me parece durísima. Espero que B. B. no ingrese en prisión ni lo inhabiliten, me duele mucho. Ese no fue nunca mi interés, se han desbordado las cosas. Yo sólo quería actuar por la vía administrativa. Mi intención no era penal, pero me dijeron que, de no hacerlo así, perdía todas las opciones". Estas palabras no reblandecen al condenado. "Ahora va diciendo que fue el Ibsalut quien puso la denuncia en manos de la fiscalía. No es cierto, pero sabe que en Artà hay movilizaciones en mi favor". En la sentencia consta que la acusación particular pide cuatro años de prisión para B. B., por encima de lo finalmente acordado, aunque la inhabilitación solicitada fuera inferior a la concedida.

Procede un salto atrás, para zafarse del cuerpo a cuerpo entre denunciante y condenado. ¿Cumplen genéricamente los médicos con las exigencias radicales de la Ley de Protección de Datos? Las respuestas oscilan entre "escasísimamente" -si se pregunta a los profesionales en las trincheras- y "relativamente" -en las posiciones más diplomáticas de las autoridades sanitarias y los organismos colegiales-. Extracto de la conversación con una profesional de la asistencia primaria. "En un momento dado, vas y miras. Se hace con total naturalidad, la sentencia es una barbaridad y podrían condenarnos a cualquiera de nosotros. Te dicen que has de cerrar el ordenador cada vez que sales un momento, ¿cómo vas a hacer eso? No le dábamos importancia, porque siempre actuamos en beneficio del paciente". Josep Romero, médico de familia y responsable del área de seguridad de la oficina tecnológica del Ibsalut, enfoca el asunto desde una perspectiva diametralmente opuesta. "Quizás se toma la Ley de Protección de Datos un poco a la ligera y se peca de ingenuidad, pero los médicos conocen el procedimiento porque lo explicamos en los cursillos. El ordenador les avisa de que la identidad que solicitan no pertenece a su cupo de pacientes". En el caso concreto de J. F. contra B. B., "los servicios de gestión permiten ciertos accesos por cuestión de coordinación asistencial, pero el tribunal no lo entendió así en este caso".

Antoni Verd, abogado del Colegio de Médicos de Balears, admite que "el grado de cumplimiento es escasísimo, los médicos no han captado a veces la trascendencia de estas cosas, y todo estalla cuando hay una denuncia. Ahora bien, la sociedad no entendería que se entrara en prisión por una conducta que no parece grave". Talens da un paso más. "Los médicos te dicen que lo hacen porque técnicamente es posible. Si está prohibido el acceso, no deberían tener herramientas para lograrlo. ¿Por qué un médico que no me conoce de nada puede entrar en mi historia clínica?" Juan José Rodríguez Sendín, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España se pronuncia en sentido parecido, al defender que la entrada en la historia clínica sólo debe efectuarla "un médico debidamente autorizado e identificado con firma electrónica profesional, simultáneamente con la tarjeta sanitaria del paciente". Josep Romero se opone desde el Ibsalut porque "la consulta ha de ser suficientemente ágil. Nos movemos entre dos extremos, la protección de datos y de la salud". Los portavoces de la institución autonómica añaden que "el hecho de que un Mercedes alcance los 300 por hora, no justifica el exceso de velocidad".

El debate se prolonga hasta el infinito. Para Mario García Sanz, presidente del Sindicato Médico Libre de Balears, "la sentencia se acata y punto, pero es la primera de este tipo que veo. Parece una cosa desproporcionada, supongo que será recurrida". Joan Gual, presidente del Colegio de Médicos que debatirá el asunto el próximo martes, demuestra haber leído el fallo en profundidad. "La sentencia aplica la ley, que es dura. Hemos de crear una cultura de la protección de datos, porque no hay conciencia de la importancia de preservar el secreto. Muchos médicos no son excesivamente conscientes del significado del acceso a las historias clínicas. No se puede entrar a consultar quién es el médico de cabecera". Al margen de los colectivos, cada profesional de la atención diaria amplía los supuestos en conflicto. ¿Qué sucede con los faxes con datos de ciudadanos que se ignora por quién serán recogidos, con los empleados sin compromiso sanitario, con la coincidencia de pacientes en una sala de espera o en una habitación con cuatro camas, donde la atención privada es una entelequia?, ¿y qué médico no ha consultado jamás los datos de un familiar o un amigo íntimo?

Entre el condenado B. B. y el acusador J. F. suman más de medio siglo de ejercicio de la medicina. Su conflicto ha destapado un polvorín que afecta a millones de ciudadanos. Sin olvidar que la postura de debilidad corresponde al paciente, porque los muros se levantan cuando desea una copia de su historia clínica, de la que se deben extirpar observaciones personales o datos que afecten a terceros, del tenor de "mi hijo es drogadicto". Tampoco es pacífica la cuestión de si un contribuyente tiene derecho a saber cuántos y qué médicos han accedido a sus datos. La desprotección aumenta en casos como el protagonizado por la Generalitat catalana, que efectuó un estudio para saber si las historias se redactaban en catalán o en castellano, algo inadmisible para Romero. "Es una barbaridad, el objeto de estos documentos no es confeccionar auditorías lingüísticas". J. F. considera que su antagonista "ha tenido mejor prensa que yo", y persigue un sentido general para su querella. "Puede servir para que el personal sanitario vaya muy alerta. No puedes acceder a la historia clínica de tus hermanos ni de tus hijos". O dicho de otra manera, ¿cuántos profesionales de la sanidad recibirían una condena de cárcel, si se revisaran los accesos por parte de médicos a las historias clínicas informatizadas de todos los ciudadanos? En la intrahistoria no informatizada, B. B. y J. F. volverán a cruzarse esta semana en el Centro de Salud de Artà. El primero, con la espada de Damocles de la prisión sobre su cabeza. El segundo, insistiendo en que ésa no era la intención de su denuncia.

Fuente: Diario de Mallorca.es, Fecha consulta 7-5-09

Un decreto regula el traslado forzoso de sanitarios por necesidad urgente

Los trabajadores de la sanidad de Castilla y León considerados como personal estatutario fijo podrán ser trasladados de forma forzosa por "razones de urgente e inaplazable cobertura de prestación sanitaria", que podrá utilizar la Junta para paliar los casos de carencia de especialistas.

Así lo establece el decreto que publicará en los próximos días el Gobierno autonómico, que desarrolla de esta forma lo previsto en el Estatuto Jurídico del Servicio de Salud de Castilla y León aprobado en marzo de 20007, según ha explicado hoy tras el Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el decreto el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

La movilidad prevista en el decreto tendrá siempre carácter excepcional y servirá para "dar una solución a las necesidades puntuales" surgidas en determinadas especialidades y centros sanitarios de la Comunidad como consecuencia de la escasez de profesionales.

De Santiago-Juárez ha detallado que el decreto prevé que traslado de los profesionales sanitarios estará abierto a que, de forma voluntaria, un funcionario pida el traslado para cubrir la eventualidad del servicio.

El ofrecimiento voluntario estará retribuido por un aumento en el denominado "complemento de productividad" de los profesionales, pero en caso de que no se cubran las plazas, el decreto faculta a las gerencias de Salud a designar a un profesional para el traslado, que en ningún caso podrá extenderse por un tiempo superior a los seis meses.

Entre los criterios para la selección del personal que será trasladado forzosamente primará en primer lugar el criterio de proximidad, aunque también entrarán en juego otros factores como la antigüedad, los méritos curriculares y el desempeño de jefaturas de servicio o unidad.

En concreto, estarán más cerca del traslado forzoso quienes cuenten con una menor antigüedad y quienes tengan menos méritos curriculares, mientras que no podrán ser cambiados de destino quienes desempeñen jefaturas de servicio o de unidad.

De Santiago-Juárez ha explicado que esta normativa permitirá afrontar casos como el de la falta de especialistas de Oncología en Ávila y otras zonas de la Comunidad "cuando haya necesidad", ya que en su opinión actualmente el problema radica en que "a pesar de que existen plazas no se cubren".

El portavoz ha añadido que los trabajadores pueden "libremente concursar o no" para conseguir una plaza en determinados centros sanitarios, mientras que la nueva normativa paliará los problemas que puedan derivarse de la escasez de facultativos, común en todo el Sistema Nacional de Salud.

En el preámbulo del decreto, la Junta de Castilla y León recuerda que la jurisprudencia respalda su iniciativa de reordenar de forma temporal sus recursos humanos sanitarios para afrontar "determinadas circunstancias asociadas o no a la realidad de la escasez de personal sanitario especialista".

Fuente: Soitu.es, 7-5-09

Primer informe de la UE sobre la juventud

El informe de la UE sobre la juventud recoge datos, estadísticas y análisis breves sobre la situación de los jóvenes europeos. Asimismo, proporciona una visión de conjunto sobre la situación de los Estados miembros de la UE en una serie de ámbitos e indica las diferencias entre países.

Fuente: Boletín de Salud UE, 7-5-09

Las Comisarias Vassiliou y Kuneva presentan el Informe europeo 2009 sobre los progresos en seguridad de los niños

Las lesiones siguen siendo una de las principales causas de las muertes de niños en todos los Estados miembros de la UE.
Más información en: http://www.childsafetyeurope.org

Galicia necesita 65 pediatras más para descongestionar las consultas

Pocos, mal distribuidos y agobiados por la presión asistencial. Así pintan su panorama profesional los pediatras de atención primaria que trabajan en Galicia. Son 314 para atender a unos 311.000 niños de cero a catorce años (según los últimos datos del Sergas), pero para garantizar una asistencia de calidad creen que debería haber otros 65, un 20% más de los que ahora ejercen.

Esta es la cifra recogida en el Plan de Mellora da Atención Primaria 2007-2011, elaborado por la anterior Xunta, para llegar al cupo óptimo de niños por especialista, fijado entre 800 y un millar. «Pero la realidad es que hasta el 2009 solo se han incorporado una docena de pediatras de los 45 nuevos que, según el plan, debería haber ya», señala Carlos Maiz, presidente de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (Agapap). «Esto no se cumplió fundamentalmente porque no hay pediatras», añade.

Estos especialistas escasean porque durante unos años dejaron de formarse debido a la crisis demográfica. Pero ahora, entre el repunte de la natalidad, la llegada de inmigrantes y que el límite de la edad pediátrica subió de los 7 a los 15 años, vuelven a demandarse. La oferta de plazas de MIR de pediatría en Galicia ha pasado de las 12 que hubo en el 2001 a las 18 actuales, «pero son seis años de carrera, uno de residencia y cuatro de especialidad, así que esos profesionales aún se están formando». «Y, mientras, en Galicia tenemos menos pediatras que antes con el doble de niños que atender», afirma Maiz.

Condiciones laborales

Para explicar el déficit de pediatras hay otra razón. «En la sanidad pública los contratos son malos, los turnos son descabellados y faltan medios, por lo que al acabar la especialidad muchos se van a ejercer a la privada», explica el presidente de Agapap. O, como apunta Víctor Crespo, del sindicato médico O'Mega, se marchan fuera de Galicia en busca de mejores sueldos y horarios. «Emigran a otras comunidades o a otros países, a Portugal, Francia, Inglaterra o incluso Suecia. Y hablamos de la gente joven que debería tomar el relevo», advierte Crespo. Y pone un ejemplo: «En Vigo, el porcentaje de médicos que se jubilarán en los próximos cinco años es mayor que el de los que se prevé incorporar desde las facultades y con los retornados, que yo aún no he visto ninguno».

Por todo ello, ni siquiera hay pediatras para cubrir bajas o sustituciones por vacaciones y son bastantes los concellos que comparten especialista. «Es que no hay personal en las listas», resume Carlos Maiz. En el centro en el que él tiene su consulta, en A Coruña, necesitan un pediatra en el turno de tarde y «no hay manera de cubrir el puesto».

Así las cosas, el cupo de pacientes suele dispararse. Oficialmente, cada pediatra en Galicia tiene una media de 825 tarjetas sanitarias asignadas, pero desde Agapap aseguran que son 941, oscilando entre las 300 cartillas de algunos profesionales y las 1.450 que tienen otros. El índice diario de niños atendidos debería ser de 21, pero según los pediatras aquí es de 27. «Y puede llegar a 50», apunta Maiz, que reclama también un mejor reparto de los pediatras que ya hay para mitigar la sobrecarga y racionalizar los recursos. «No solo hacen falta más, también deben estar mejor distribuidos», coincide el representante de O'Mega.

Fuente: La Voz de Galicia, 3-5-09